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domingo, 18 de febrero de 2018

¿PUEDE UN MONTE VECINAL EN MANO COMÚN ESTAR SITUADO EN DOS TÉRMINOS MUNICIPALES DISTINTOS?


En el reconocimiento de la línea divisoria entre dos montes vecinales en mano común de Soutomaior (Pontevedra). Noviembre de 2017


I.- ANTECEDENTES

Si tenemos en cuenta que los Ayuntamientos en Galicia se forman mediante la agrupación de parroquias, el enunciado de la pregunta que forma el título del presente artículo puede parecer ilógico y su respuesta, prima facie, debería ser negativa.

Sin embargo, tal y como os explicaré a continuación, la respuesta a tal interrogante no puede ser más que afirmativa, en el sentido de que un monte vecinal en mano común puede estar radicado en dos términos municipales distintos, incluso en provincias diferentes (dado que éstas se forman por la agrupación de municipios).


II.-LA BASE TERRITORIAL DEL MVMC EN GALICIA ES LA PARROQUIA, CUYA DEMARCACIÓN TRADICIONAL NO TIENE POR QUÉ COINCIDIR CON EL TÉRMINO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL QUE FORMA PARTE

En efecto, la parroquia gallega tiene un origen remoto y ancestral, sin que se pueda datar su creación en una fecha específica del calendario. Así, en el Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 –en cuya respuesta a su pregunta 3ª nos describe el itinerario de la demarcación territorial de las antiguas feligresías (actuales parroquias)- se constata ya la existencia en tal momento (1752) de las parroquias gallegas.

Por el contrario, la creación de los Ayuntamientos en Galicia es relativamente reciente, pues data del año 1836, en concreto, la R.O. de 28 de marzo de 1836 dispuso: “... que un número determinado de parroquias circunvecinas designado por el Gobernador Civil de acuerdo con la Diputación Provincial, forme un Ayuntamiento”.

Por tanto, en Galicia los Ayuntamientos se crearon a principios del siglo XIX como una agrupación de las preexistentes “PARROQUIAS”, cuyos vecinos venían aprovechando desde tiempo inmemorial los entonces llamados “BALDIOS” o “MONTES COMUNALES”.

Pues bien, ocurre que muchos de los deslindes de los términos municipales gallegos se tramitaron por el INSTITUTO GEOGRÁFICO CATASTRAL (actual Instituto Geográfico Nacional) en la década de los años 30 del pasado siglo XX, en concreto entre 1936 y 1940, coincidiendo con la guerra civil, lo que provocó que, en algunos casos, el deslinde fuese aprobado sin la comparecencia de alguna de las comisiones de los Ayuntamientos afectados y, por ende, sin que la línea divisoria municipal fuese reconocida por los vecinos de las parroquias, que eran los verdaderos conocedores de las demarcaciones parroquiales tradicionales.  

Ello originó que algunos de los deslindes municipales todavía vigentes en la actualidad partiesen en dos la demarcación territorial tradicional de una parroquia, quedando situada en dos términos municipales distintos.

Un ejemplo de tal situación fue el deslinde municipal de los Ayuntamientos de Covelo y Mondariz (ambos de la provincia de Pontevedra), aprobado en 1940 por el Instituto Geográfico Catastral, que dividió la parroquia de Paraños y, por ende, su monte vecinal en mano común denominado “Peroxa”, en dos porciones, una situada en el término municipal de Covelo y otra situada en el término municipal de Mondariz, cuando dicha parroquia de Paraños formaba parte del Ayuntamiento de Covelo desde la creación de éste. Pues bien, en la medida en que la resolución de clasificación dictada por el Jurado de montes de Pontevedra del citado monte “Peroxa” estableció, como límite con su colindante parroquia de Mouriscados, el deslinde de términos municipales aprobado en 1940, provocó que una parte importante del citado monte “Peroxa” del común de vecinos de Paraños hubiese sido clasificado a favor de la Comunidad de montes de Mouriscados del Ayuntamiento de Mondariz.

El conflicto entre ambas comunidades de montes de Paraños y Mouriscados se resolvió de forma definitiva por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia nº 10/2002, de 21 de febrero, que vino a confirmar la sentencia dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 25/5/2001, en virtud de la cual se estimó íntegramente la demanda reivindicatoria y de deslinde presentada por la CMVMC de Paraños contra la CMVMC de Mouriscados, declarando como línea divisoria entre sus respectivos montes vecinales la divisoria histórica de sus demarcaciones parroquiales tradicionales.

Pero es más, el deslinde jurisdiccional de los términos municipales de Covelo y Mondariz que había sido aprobado en 1940, fue rectificado por virtud del Decreto 246/2000, de 29 de noviembre, que adaptó la citada línea de términos municipales a la divisoria histórica y tradicional de las parroquias que conforman ambos municipios, de forma que, en la actualidad la demarcación parroquial de Paraños y, por ende, su monte vecinal en mano común, se encuentra en su integridad dentro del término municipal de Covelo.

Pues bien, el fundamento de la estimación de las pretensiones dominicales de la citada CMVMC de Paraños por parte de la Audiencia provincial de Pontevedra, ratificado por e TSJG fue el siguiente:

<<no podemos ignorar el valor que la parroquia tiene en Galicia como agrupación social. Es la parroquia en el ámbito rural gallego por regla general el núcleo primario más importante de convivencia, estando desde tiempo inmemorial fuertemente arraigado en las gentes que la componen que suelen ser muy celosos de las delimitaciones territoriales de las mismas. Si a esto unimos, a lo que ya hemos hecho referencia en otras sentencias, el hecho de que los montes en mano común estaban vinculados a las agrupaciones sociales pues eran complemento económico necesario para el mantenimiento de las casas, no es difícil concluir que por regla general en Galicia las agrupaciones vecinales o sociales de que habla la norma son las parroquias (…).

Así las cosas, al establecer en el presente pleito la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección Tercera) que no fue acertado el criterio clasificatorio del Jurado en cuanto a linderos, por hacerlos coincidir con la división administrativa de municipios y no con la división parroquial, no está sino aplicando el anterior criterio divisorio que, salvo casos particulares, es el más acertado para dirimir este tipo de discordias, pues las divisiones administrativas tienen menor o nulo arraigo entre los vecinos a este respecto y la propia Ley (art. 1) excluye a las entidades administrativas en la conformación de este tipo de propiedad germánica>>.


III.- EN CONCLUSIÓN

.- El límite municipal no tiene por qué coincidir con la demarcación parroquial, mucho más antigua en el tiempo que aquél, dado el origen remoto y ancestral de las parroquias gallegas, frente al origen reciente y conocido de los ayuntamientos en Galicia que datan de 1836.

.- La demarcación territorial de las Comunidades de Montes coincide con las tradicionales parroquias, de tal forma que para determinar sus límites se ha de estar a la documentación existente en orden a los límites o divisiones parroquiales, ciertamente de mayor antigüedad que los de los municipios.

Vigo, 18 de febrero de 2018


domingo, 14 de enero de 2018

LA XUNTA POSTERGA HASTA 2021 LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DE LOS CONVENIOS CON LOS MONTES VECINALES

Fotografía tomada en el Monte Aloia (Tui) por Chico Bugarín el 13/1/2018


I.- ATECEDENTES

Otra de las modificaciones incluidas en la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que entró en vigor el 1 de enero del presente año 2018, es la reforma del contenido de la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 7/2012, de Montes de Galicia, por virtud de la cual se amplía una vez más la vigencia de los convenios suscritos entre la Xunta y las Comunidades de montes.


II.- NUEVA FECHA PARA LA EXTINCIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS CONVENIOS EXISTENTES

Como sabéis, tras la última reforma de la Ley 7/2012 de Montes de Galicia, se había establecido que los convenios suscritos entre la Xunta y las Comunidades de montes quedarían extinguidos entre los años 2017 y 2018. Ahora, la reciente Ley 9/2017 viene a ampliar la fecha de la finalización o extinción de dichos Convenios, que se fija el 31 de diciembre de 2021.

Con ello se viene a demorar, una vez más, la solución al conflicto abierto entre la Administración Forestal y las Comunidades de montes que tienen su monte vecinal conveniado con la Xunta, en relación a las cuentas de esos convenios, pues si, según la contabilidad de la Consellería de Medio Rural, en el monte conveniado se realizaron más gastos que ingresos durante la vigencia del convenio rescindir, la Consellería reclama a la Comunidad de montes titular del monte el pago de la diferencia. Ello ha conllevado que muchas comunidades de montes se muestren disconformes con las cuentas del convenio que le muestra la Administración e incluso pongan en duda que se hayan realizado las inversiones o gastos que aquélla dice haber ejecutado.


III.- ¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES QUE OFRECE LA NUEVA REGULACIÓN PARA LA EXTINCIÓN DE LOS CONVENIOS?

Como ocurría antes de esta nueva reforma, cuando el convenio arroja un saldo positivo, es decir, no existente deudas con la Administración, la Comunidad de montes propietaria del monte puede solicitar la extinción del convenio cuando quiera, eso sí, antes del 31 de diciembre de 2021.

Ahora bien, si el saldo del convenio es negativo, a fecha 31 de diciembre de 2021 las Comunidades de montes con convenio con la Xunta deben optar por alguna de las siguientes vías:

1ª.- Pagar el saldo deudor del Convenio a la Administración Forestal, bien mediante un pago único, bien mediante un plan de devolución plurianual. En el caso en que no se proceda al pago de todo o parte de dicho saldo, la Xunta procederá a anotar dicha carga en el Registro de la propiedad donde esté inscrito el monte vecinal y la Comunidad de montes morosa no podrá obtener ayudas ni beneficios de ningún tipo, en tanto no regularice su situación de pago

2ª.- Firmar un contrato temporal de gestión pública sobre el monte cuyo convenio ha quedado extinguido, en el que la Xunta hará constar la deuda de la Comunidad procedente del citado convenio, que se saldará con los futuros ingresos que genere la gestión del monte.

3ª.- Constituir o pasar a formar parte de una Sociedad de Fomento Forestal (SOFOR), en cuyo caso el saldo deudor del convenio rescindido quedará automáticamente liquidado. Esta tercera vía es la gran novedad de la nueva reforma (además de la ampliación del plazo de rescisión de los convenios), con la que entiendo que la Xunta trata de impulsar la constitución de este tipo de sociedades que, hasta ahora, ha tenido escasa implantación en Galicia.


Pues bien, nos quedan tres años por delante para comprobar si, con esta nueva demora, se consigue solucionar el conflicto abierto con los convenios suscritos tras la clasificación de los montes vecinales o, si por el contrario, en un par de año nos encontraremos con una nueva prórroga de la vigencia de dichos convenios, tal y como ha ocurrido ya en dos ocasiones anteriores.

Vigo, 14 de Enero de 2018



sábado, 30 de diciembre de 2017

LA RECIENTE LEY 9/2017, DE 26 DE DICIEMBRE, INTRODUCE LA POSIBILIDAD DE QUE EL MONTE VECINAL EN MANO COMÚN PASE A ESTAR GESTIONADO POR PARTICULARES POR UN PLAZO MÁXIMO DE 50 AÑOS

I.- ANTECEDENTES
La Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (publicada en el DOG nº 245 de 28/12/2017), que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2018, introduce DIVERSAS MODIFICACIONES EN LA LEY DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DE GALICIA (Ley 13/1989), que paso a exponeros a continuación.

II.- REFORMA DE LA LEY 13/89, DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN DE GALICIA


1ª.- Modificación de la regulación del reparto del monte vecinal en lotes entre los comuneros para usos ganaderos y agrícolas.

Se introduce un nuevo apartado 5 al artículo 22 de la Ley 13/89, en el que esencialmente se establece que, si el Proyecto de Ordenación del monte prevé el aprovechamiento para pastos y en el caso en que la Comunidad acuerde la distribución en lotes entre los comuneros de parte de su monte vecinal, se establece UN DERECHO PREFERENTE PARA LOS COMUNEROS QUE SEAN TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS O GANADERAS EN EL LUGAR, SIEMPRE QUE NECESITEN MÁS TERRENO PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE SU PROPIA EXPLOTACIÓN O LA SOSTENIBILIDAD DE SU GANADO.

De esta forma, la asignación de los lotes DEBERÁ GARANTIZAR EL DERECHO DE APROVECHAR LOS TERRENOS QUE PRECISEN TALES COMUNEROS, en proporción al tamaño de sus explotaciones y a la superficie prevista para la distribución de los lotes.



2ª.- Se atribuyen nuevas competencias a la Consellería de Medio Rural en materia de montes vecinales en mano común.

Se da nuevo contenido al artículo 25 de la Ley 13/89, en el que se establecen las competencias de la actual Consellería de Medio Rural en materia de montes vecinales. Pues bien, entre las nuevas competencias que se atribuyen a dicha Consellería cabe destacar dos:

A).- La Defensa y gestión de los montes en los casos de su declaración en caso de grave abandono o extinción de la comunidad vecinal.

B).- Promover la constitución de las Comunidades de montes cuando éstas no existan.


3ª.- Modificación de la Gestión Cautelar del monte por parte de la Xunta de Galicia.

Se da nuevo contenido al artículo 27 de la Ley 13/89, en el que se regulan los casos en que la Consellería competente en materia de montes (actual Consellería de Medio Rural) podrá asumir la gestión cautelar de los montes vecinales, el modo en que se realizará tal gestión cautelar y los requisitos para la reanudación de la gestión por la Comunidad de montes titular:

A).- LOS SUPUESTOS EN QUE LA CONSELLERÍA PUEDE ASUMIR LA GESTIÓN CAUTELAR DE UN MONTE VECINAL SON DOS:

A.1).- Cuando se extinga o desaparezca la Comunidad vecinal propietaria del monte hasta que se proceda a la reconstitución de la misma.

A.2).- Cuando la entidad gestora del BANCO DE TIERRAS DE GALICIA informe de que existen razones objetivas de carácter técnico que no permitan, o que limiten total o parcialmente el aprovechamiento del monte (nota: novedad respecto de la regulación anterior, que exigía la previa declaración del monte en estado de grave abandono).

B).- CÓMO SE EJERCITA LA GESTIÓN CAUTELAR DEL MONTE:

Pues de dos formas, o a través de los propios órganos de la Consellería de Medio Rural o mediante su adjudicación a entidades instrumentales del sector público autonómico (nota: también novedad respecto de la regulación anterior, que sólo establecía la gestión cautelar por los propios órganos de la Consellería competente en materia de montes).

C).- CUALES SON LOS REQUISITOS PARA EL REINICIO DE LA GESTIÓN POR LA PROPIA COMUNIDAD PROPIETARIA DEL MONTE:

En primer lugar deberá presentar una SOLICITUD por parte de una JUNTA PROVISIONAL del monte vecinal, a la que deberá adjuntarse:

C.1).- La acreditación de que se ha constituido la comunidad vecinal formada POR COMUNEROS DE PLENO DERECHO Y ELECCIÓN DE UNA JUNTA PROVISIONAL conforme a lo dispuesto en la Ley 13/89.

C.2).- Un COMPROMISO NOTARIAL por parte de la JUNTA PROVISIONAL de ASUNCIÓN DEL ESTADO CONTABLE DEL MONTE Y DEL INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN o gestión vigente del mismo.

C.3) Ahora bien, y esto es lo más importante de la nueva regulación, si el Banco de Tierras de Galicia hubiese CEDIDO O ARRENDADO el aprovechamiento del monte a favor de un tercero, el reinicio de la actividad por la propia comunidad de montes propietaria no será posible HASTA EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE CESIÓN O ARRENDAMIENTO OTORGADO POR EL BANCO DE TIERRAS DE GALICIA, o hasta que exista un acuerdo entre la comunidad y el tercero arrendatario o cesionario.

4ª.- Concepto e indicadores objetivos de la Declaración del Monte Vecinal en Estado de Grave Abandono o Degradación.

El artículo 28 de la Ley 13/89, relativo a la declaración del MVMC en estado de grave abandono o degradación, mantiene un contenido prácticamente idéntico al de su redacción anterior, estableciendo que: <<Se entenderá por monte vecinal en estado de grave abandono o degradación aquel que, de modo manifiesto, haya sufrido un grave deterioro ecológico, no sea explotado de acuerdo con sus recursos o sufra una extracción abusiva de los mismos>>.

Se mantiene igualmente la competencia para realizar tal declaración en la Consellería de Medio Rural, por razones de utilidad pública e interés general, que conllevará la ejecución de un instrumento de ordenación o gestión forestal del monte.

Igualmente los indicadores objetivos que servirán para determinar el estado de grave abandono o degradación de los montes, son básicamente los mismos que se establecían en la regulación anterior:  

a) El grado de aprovechamiento de la extensión superficial.
b) El grado de manifiesto desuso.
c) El grado de acomodación a los aprovechamientos establecidos en instrumentos de ordenación o gestión forestal, en su caso, independientemente de que se refiera a aprovechamientos madereros, de pastos u otros.
d) El carácter depredador de las actividades extractivas de los recursos.
e) El peligro manifiesto de degradación de las tierras».



5ª.- Procedimiento para la declaración del Monte Vecinal en Estado de Grave Abandono o Degradación.

Se da nuevo contenido al artículo 29 de la Ley 13/89, en el que se regula el procedimiento para la declaración de un monte vecinal en estado de grave abandono o degradación, que seguirá los siguientes trámites:

A).- La Consellería requerirá a la Comunidad propietaria para que presente un instrumento de ordenación o gestión forestal, debiendo expresar el plazo para su ejecución. La comunidad tendrá un plazo de 3 meses -prorrogable por otros tres- para presentar dicho instrumento, desde que reciba el requerimiento.

B).-  En el caso en que el instrumento no se presente, o no sea aprobado el presentado, se propondrá a la Consellería la declaración del monte en estado de grave abandono o degradación. 

La novedad de la nueva regulación radica en que ahora se exige la presentación de un instrumento de ordenación o gestión forestal, mientras que antes se exigía la presentación de un Plan de mejora y transformación integral del monte.


6ª.- Modificación de la regulación de la gestión del monte vecinal declarado en estado de grave abandono o degradación.

Se da nuevo contenido al artículo 30 de la Ley 13/89, en el que se produce el mayor cambio respecto de la regulación anterior, pues la declaración del monte vecinal en estado de grave abandono o degradación CONLLEVARÁ LA INCORPORACIÓN DE DICHO MONTE EN EL BANCO DE TIERRAS DE GALICIA, CON EL FIN DE QUE SU ENTIDAD GESTORA PUEDA CEDER SU USO Y APROVECHAMIENTO A TERCEROS, quien deberá emitir con carácter previo un informe sobre si existen razones técnicas que impidan o limiten el aprovechamiento forestal del monte.

Para que pueda acordarse la cesión del uso y aprovechamiento del monte vecinal se exige que la PERSONA BENEFICIARIA PRESENTE ANTE LA CONSELLERÍA UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN O GESTIÓN FORESTAL PARA SU APROBACIÓN.

Una vez aprobada la cesión o arrendamiento a un tercero, la Comunidad de vecinos propietaria del monte percibirá el canon que abone el arrendatario o cesionario, una vez descontados los gastos de gestión realizados por el Banco de Tierras. Si no existiese la Comunidad propietaria, el canon lo percibirá la Administración Forestal, que lo destinará a un fondo para invertir en la promoción y apoyo a la gestión de los montes vecinales. 

Pero lo más sorprendente de la nueva regulación, es que establece que la cesión del uso o aprovechamiento del monte en estado de grave abandono o o degradación se podrá realizar por ¡¡¡ UN PLAZO MÁXIMO DE 50 AÑOS ¡¡¡, CUANDO LA MISMA LEY 13/89 ESTABLECE EN SU ARTICULADO QUE LAS CESIONES DE USO DE MONTE VECINAL NO PODRÁ SUPERAR EL PLAZO MÁXIMO DE 30 AÑOS.


EN CONCLUSIÓN:

1ª.- Si bien inicialmente se prevé que la gestión cautelar de un monte en estado de grave abandono será competencia de la Consellería de Medio Rural, finalmente tal gestión quedará en la práctica en manos privadas al preverse la posibilidad de su cesión -por un plazo de nada más y nada menos que 50 años-, por parte del Banco de Tierras de Galicia

2ª.- Si en mi artículo de 27/10/2017 expresé mis dudas sobre la posibilidad de ponerse en práctica la gestión cautelar de un monte vecinal y su declaración en estado de grave abandono, dado que en los 20 años que llevo trabajando no se dio nunca un supuesto de este tipo (o por lo menos yo no lo conozco), lo cierto es que, el hecho de que se introduzca esta modificación tan detallada de la Ley 13/89, me lleva a pensar que que tal posibilidad SÍ SE PONDRÁ EN PRÁCTICA EN UN FUTURO NO MUY LEJANO

Vigo, 30 de diciembre de 2017

lunes, 27 de noviembre de 2017

¿CUÁL ES EL EFECTO FUNDAMENTAL DE LA CLASIFICACIÓN DE UN MONTE COMO VECINAL EN MANO COMÚN?

Diosa romana JUSTITIA en el Despacho de BUGARIN & GAGO ABOGADOS, retratada llevando la Balanza de la Justicia en una mano, en la otra una espada y con los ojos vendados, que simbolizan la justa administración del Derecho, sin corrupción, avaricia ni prejuicio.



I.- ANTECEDENTES

Cuando a una Comunidad de montes vecinales en mano común le es notificada una demanda reivindicatoria o de deslinde, bien interpuesta por un particular, bien interpuesta por otra Comunidad de montes colindante, lo primero que debemos comprobar es si el terreno reivindicado está clasificado a favor de la Comunidad demandada, pues la postura procesal de ésta será muy distinta según que tenga a favor o en contra la  resolución de clasificación del Jurado de Montes.




II.- EFECTO FUNDAMENTAL DE LA CLASIFICACIÓN DE UN MONTE COMO VECINAL EN MANO COMÚN 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 13/89, de 10 de Octubre de montes vecinales en mano común, la resolución de clasificación tiene el EFECTO DE ATRIBUIR LA PROPIEDAD DEL MONTE CLASIFICADO A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE MONTES EN DONDE RADIQUE DICHO MONTE, aunque tal atribución solo se mantendrá "EN TANTO NO EXISTA SENTENCIA FIRME EN CONTRA DICTADA POR LA JURISDICCIÓN ORDINARIA".

Ello significa que partimos de que el monte vecinal clasificado por el Jurado de Montes pertenece a la Comunidad a favor de la cual se ha dictado la resolución de clasificación, debiendo, quien lo niegue, demostrar que dicha resolución es errónea con una prueba clara y contundente.

Es decir, estamos ante lo que en derecho se conoce como una presunción "iuris tantum" -se presume la veracidad o acierto de la clasificación en cuanto a su contenido y atribución de la titularidad dominical a favor de la Comunidad de montes correspondiente-, pero, como tal presunción "iuris tantum" que es, ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO y, por tanto, esa presunción puede ser destruida mediante una prueba clara y contundente a proponer y practicar por quien afirme el error de la clasificación.

Así lo ha venido repitiendo hasta la saciedad la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde su sentencia de 9/3/1993 (en la que se exige una "prueba clara o rotunda en contrario"), o la sentencia del mismo Tribunal de 16/11/2001 (que también impone "una prueba consistente que la desvirtúe").

Así las cosas, dado que el título de dominio de un monte vecinal en mano común es su aprovechamiento inmemorial por el común de vecinos de una determinada parroquia o lugar (artículo 1 de la citada Ley 13/89), la Comunidad de montes que niegue la certeza o exactitud de las resoluciones de clasificación dictadas por el Jurado de Montes, deberá aportar con su demanda documentación suficiente que acredite, de forma clara y contundente, que el terreno en litigio -que se pretende como erróneamente clasificado- fue aprovechado desde tiempo inmemorial por el común de vecinos de la parroquia o lugar a que está adscrito la Comunidad de montes demandante, pues, en otro caso, no podrá destruir la presunción de acierto de la resolución de clasificación.

Pues bien, como por inmemorial se entiende aquello de lo que no se guarda memoria (o en palabras de nuestro TSJG, "Aquello que se pierde en la noche de los tiempos"), la prueba a practicar para su acreditación NUNCA PODRÁ SER LA TESTIFICAL, pues si una persona guarda recuerdos del aprovechamiento de un monte, este recuerdo nunca podrá ser inmemorial como exige el artículo 1 de la Ley 13/89. Por tanto, la prueba a proponer y practicar, para poder destruir la presunción de acierto de la resolución de clasificación, ha de ser necesariamente LA DOCUMENTAL, eso sí, complementada por la prueba pericial correspondiente, que analice con detalle el contenido de los documentos y proceda a su proyección sobre el terreno o realidad física.

Pero es más, la única documentación capaz de acreditar el aprovechamiento inmemorial de un determinado monte es la de carácter HISTÓRICO que se conserva en los distintos archivos públicos, debiendo resaltar, entre otros, los siguientes documentos históricos que se utilizan con más frecuencia con dicho fin: 

.- Pleitos sobre aprovechamientos de montes vecinales tramitados ante la Real Audiencia de Galicia, datados a partir del Siglo XVI (obrantes en el Archivo del Reino de Galicia y Archivo de la Real Chancillería de Valladolid).

.- Cartas forales otorgadas a favor de los vecinos de un determinado lugar o parroquia que se pueden remontar al Siglo XV (obrantes en diversos archivos públicos, así en el Archivo Histórico Nacional, en los Archivos Diocesanos y Archivo Histórico Provincial, entre otros).

.- Las preguntas 3ª y 23ª del Interrogatorio General del Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752 (obrante en el Archivo Histórico Provincial, aunque en la actualidad se puede consultar en el Portal de interné "PARES").

►.- Epígrafe de "Emolumentos del Común" del "Libro Real de Legos" de 1752 (obrante en el Archivo Histórico Provincial).

.- Visitas a las Dehesas Reales y Reales Plantíos del siglo XVIII y principios del XIX (obrante en el Archivo Histórico de la Diputación).

.- Expedientes de Excepción de ventas tramitados a instancia de los Ayuntamientos durante los procesos de desamortización de la segunda mitad del S. XIX (Obrantes en el Archivo histórico Provincial y el Archivo Histórico de la Diputación).

.-  Mediciones de los montes comunales realizadas por el Jefe del Distrito Forestal de Pontevedra y La Coruña, Don Antonio Fenech, a finales del S. XIX (obrantes en el Archivo Histórico Pronvincial).


En conclusión,si una comunidad de montes pretende reivindicar un monte vecinal o parte del mismo que está clasificado a favor de otra comunidad de montes, deberá efectuar una labor previa de búsqueda de documentación histórica (cuando menos datada del Siglo XIX) y, en el caso de que localice alguna de interés (pues la búsqueda no siempre tiene un resultado positivo), deberá contratar a un perito que trascriba e interprete su contenido, proyectándolo sobre la realidad física, de forma que se acredite claramente que el aprovechamiento inmemorial del monte clasificado corresponde a una comunidad de montes distinta a la favorecida por la clasificación del Jurado.

Vigo, 27 de noviembre de 2017


viernes, 27 de octubre de 2017

¿PUEDE LA XUNTA DE GALICIA ASUMIR LA GESTIÓN DE UNA COMUNIDAD DE MONTES?

En el Juzgado de Tui (Pontevedra)


ESTE ARTÍCULO SE HA VISTO AFECTADO POR LA LEY 9/2017, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017, POR LO QUE SE RECOMIENDA LA LECTURA DEL ARTÍCULO PUBLICADO EN ESTE BLOG CON FECHA 30/12/2017, EN EL QUE SE ESTUDIA LA NUEVA REGULACIÓN DE LA GESTIÓN CAUTELAR DE LOS MONTES Y SU DECLARACIÓN EN ESTADO DE GRAVE ABANDONO.


I.- ANTECEDENTES

Ayer mismo leía en el Facebook una noticia del siguiente tenor "Un milleiro de comunidades de montes permanece inactiva. O abandono que experimentan parte dos montes veciñais abre o debate sobre cómo manexar esas superficies. A lexislación prevé que a Administración poida asumir a xestión tamporal de terreos en grave abandono, pero esa posibilidade non se está a aplicar". 

Un usuario de esa Red Social se preguntaba si era cierta esta noticia, a lo que yo le respondí afirmativamente, en el sentido de que existen en Galicia muchas comunidades de montes que se mantienen inactivas por falta de su órgano de gobierno (Junta rectora), existiendo incluso comunidades que nunca llegaron a constituirse desde la clasificación de su monte vecinal por el Jurado Provincial de montes vecinales, sin proceder a la elección de su Junta Rectora, ni a la aprobación de sus Estatutos y Censo de comuneros. 

Ahora bien, desconozco el dato de si estas comunidades de montes inactivas ascienden al millar, como dice la referida noticia, aunque sí sé que en su gran mayoría se circunscriben a las provincias de Ourense y Lugo, en las que me he encontrado el problema que tienen algunas comunidades de montes al verse imposibilitadas de tramitar el deslinde administrativo de su monte vecinal por falta de constitución de las comunidades lindantes.

Pero también es cierto que en los 20 años en que vengo trabajando con este tipo de comunidades, nunca he conocido una declaración de estado de grave abandono de un monte vecinal, con la consecuente asunción de su gestión temporal por parte de la Xunta, lo que no quiere decir que no pueda producirse, dado que la legislación de montes así lo prevé, tal y como a continuación paso a exponer.


II.- DECLARACIÓN DE ESTADO DE GRAVE ABANDONO DE UN MONTE VECINAL Y ASUNCIÓN DE SU GESTIÓN TEMPORAL POR LA XUNTA DE GALICIA

En efecto, la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, dispone en sus artículos 20 y 27 que la Consellería de Agricultura (hoy Consellería de Medio Rural) procederá a gestionar cautelarmente los montes vecinales en dos supuestos:

1º.- Extinción o desaparición de la comunidad vecinal titular del monte, hasta que se reconstituyan los órganos de gobierno de dicha comunidad.

2º.- Cuando sea declarada la situación de grave abandono o degradación del monte vecinal.

La misma ley 13/1989 en su artículo 28 nos dice qué se entiende por "estado de grave abandono o degradación del monte", concretándolo a aquel monte que de modo manifiesto "sufriese un grave deterioro ecológico,  no sea explotado de acuerdo con sus recursos o sufra una extracción abusiva de los mismos".

Ahora bien, el Reglamento de montes vecinales en mano común de Galicia (aprobado por Decreto 260/1992, de 4 de septiembre) en su artículo 52, cuando establece la obligación de las comunidades de montes de destinar una parte de sus rendimientos económicos para inversiones en mejoras del monte (que el citado Reglamento cifró en un mínimo del 15% de los beneficios, pero actualmente está fijado en el 40% de los mismos en virtud del artículo 125 de la Ley 7/2012, de montes de Galicia), dispone una coletilla final que no se nos debe pasar por alto, esto es, LA NO JUSTIFICACIÓN ANUAL A LA CONSELLERÍA POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE MONTES DE LA REALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL 40% DE SUS BENEFICIOS EN MEJORAS DEL MONTE, "PODRÁ SER CONSIDERADA COMO INDICADOR OBJETIVO PARA LA DECLARACIÓN DE GRAVE ABANDONO DEL MONTE".

Igualmente, el mismo Reglamento de montes vecinales en mano común dispone, en su artículo 61, otra situación que puede ser considerada como "INDICADOR OBJETIVO" DE LA DECLARACIÓN DE GRAVE ABANDONO: "COMUNIDADES QUE NO TENGAN CONSTITUIDOS SUS SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO, NI APROBADOS SUS ESTATUTOS".


Pues bien, el procedimiento para la declaración de estado de grave abandono o degradación del monte vecinal se regula en el artículo 29 de la citada Ley 313/1989, que pasa por requerir, en primer lugar, a la Comunidad de montes titular para que presente un "Plan de mejora y transformación integral del monte", de modo que si no lo presentase en el plazo de 3 meses, será elaborado por la Consellería de Medio Rural y se dará traslado del mismo a la Comunidad titular para que proceda a su aceptación, pero, transcurridos otros 3 meses sin que se acepte dicho plan, la propia Consellería propondrá al Consello de la Xunta de Galicia que proceda a la declaración de estado de grave abandono o degradación del monte vecinal.

Finalmente, sólo me queda resaltar que, en el artículo 30 de la misma Ley 13/1989 se establece que, tras dicha declaración, la Consellería de Medio Rural tomará a su cargo la gestión del monte durante el plazo de 2 años, en el que procederá a ejecutar el Plan de gestión y mejora integral confeccionado al efecto, cuyos beneficios -una vez descontados los gastos de su desarrollo- serán para la Comunidad y, de no existir ésta, será para el Ayuntamiento donde radique el monte, que deberá destinarlos al interés general de la parroquia correspondiente.

Vigo, 27 de Octubre de 2017